¿Es viable la sanidad pública española?

Introducción histórica

A raíz del comienzo de la crisis económica internacional en 2008, visible de la forma más clara con al quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers, se desencadenan cientos de acontecimiento a un ritmo vertiginoso que sin lugar a dudas provocarán un cambio radical del mundo a medio plazo. Uno de dichos cambios es la puesta en duda de la viabilidad del Estado del Bienestar, el modelo económico y social iniciado tras la II Guerra Mundial en los países europeos occidentales y algunos otros y que garantiza a la ciudadanía determinados servicios básicos como la educación, la sanidad, la prestación por desempleo o las pensiones.

Este modelo supone una fuerte ruptura con el liberalismo imperante antes de las Grandes Guerras, que propugnaba la no intervención económica del Estado y la libre regulación de los asuntos económicos por parte del Mercado.

Con la crisis del petróleo en los 70, el modelo socialdemócrata comienza a ser cuestionado por un renacido neoliberalismo liderado por los conservadores Margaret Thatcher en Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos. Los partidos de centro-izquierda que construyeron y propugnaron el Estado del Bienestar pierden fuelle y sus principios comienzan a diluirse, como es visible en el Nuevo Laborismo de Tony Blair. Sin embargo, a pesar de los retrocesos que sufre en los años 80 y 90 (con la privatización de sectores clave de la economía), el Estado del Bienestar sobrevive con más o menos fuerza, dependiendo del país, sobre todo en lo referente a servicios sociales. La elección del demócrata Barack Obama en EEUU, con un programa con algunas propuestas socialdemócratas, incluso podría apuntar a una exportación a pequeña escala del Estado del Bienestar al centro neurálgico del liberalismo.

Pero la crisis económica despierta al fantasma del neoliberalismo que recorre la vieja Europa. El descenso brutal de los ingresos, especialmente en nuestro país a causa del elevado desempleo, hace que surja un nuevo problema: el pago de la deuda pública contraída en años de bonanza. Con los ingresos bajo mínimos, los abultados gastos fruto del mantenimiento del Estado del Bienestar se convierten en el punto de mira de las organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y europeas como el Banco Central Europeo (BCE).

Bajo el liderazgo de Alemania y Francia, dirigidas por los conservadores Angela Merkel y Nicolás Sarkozy, la ideología neoliberal se extiende como la pólvora por la Unión Europa. Gobiernos socialistas, como el griego Papandreus, el español de Rodríguez Zapatero o el portugués de Sócrates, se ven abocados a iniciar la senda del ajuste presupuestario más tajante.

Las exigencias de los Mercados financieros por percibir en tiempo y forma los pagos de la deuda pública y las dudas de estos sobre los países más débiles dispara la prima de riesgo y lanza al precipicio a algunos de ellos, como Grecia, Irlanda y Portugal, que deben ser recatados por la Unión Europea y el FMI., que les imponen a los gobiernos nacionales duros planes de ajuste de obligado y puntual cumplimiento. La presión de los Mercados sobre determinados gobiernos llega a ser tal que en Italia y Grecia se ven obligados a cambiar sus ejecutivos vía express, sin consulta popular, por tecnócratas vinculados a los poderes financieros, Monti en Italia y Papadopoulos en Grecia. España y Portugal por su parte adelantan las elecciones ante la previsión de una situación similar, saliendo de ambos comicios gobiernos conservadores, Passos Coelho en Portugal y Rajoy Brey en España.

Situación actual: deudas y recortes

La misma Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que el Sistema Nacional de Salud (SNS) español es uno de los mejores del mundo, sin embargo este reconocimiento no es suficiente para mantenerlo en pie. El SNS se enfrenta a un doble problema: el descenso de los ingresos de las administraciones pública lo condena a un fuerte recorte de su financiación y la deuda con proveedores (industria farmacéutica, empresas de tecnología sanitaria, etc) asciende a 15.000 millones de euros. Todo ello en un marco general de envejecimiento de la población que irremediablemente provoca un aumento en las necesidades sanitarias de la población.

Debido a la descentralización del Estado, son las Comunidades Autónomas las que tienen transferidas las competencias en sanidad y encontramos distintas medidas para solucionar o paliar los problemas.

Tras la victoria de Convergencià i Uniò (CiU) en las elecciones, Cataluña inició un duro plan de ajuste de todos los sectores públicos, incluida la sanidad, recortando en un 10% el presupuesto sanitario para 2011 con el objetivo de ahorrar 1.000 millones antes de que finalizase el año. Las medidas fueron iniciadas en el verano: reducción del 25% de camas, lo que implicaba un descenso de 1.000 camas sobre las más de 4.000 existentes, el cierre parcial de quirófanos y hospitales y una nueva rebaja del 5% a los sueldos de los trabajadores (el gobierno central ya redujo en otro 5% los sueldos de todos los trabajadores públicos). Ruiz Boi, Consejero de Sanidad de la Generalitat, justificaba estas medidas con el objetivo de “garantizar la viabilidad del sistema.”

Andalucía, gobernada por el Partido Socialista (PSOE), por su parte convocó subastas de medicamentos con el fin de ahorrar, según la Consejera del ramo, entre 40 y 200 millones al año en gasto farmacéutico. Estas subastas consisten en priorizar el uso de genéricos al ser la baza principal el principio activo del medicamento, algo que perjudica a las marcas.Sin embargo esta decisión paso por un cierto litigio legal al ser denunciada por el Gobierno Central, hasta que finalmente el Tribunal Constitucional permitió su puesta en marcha.

En Castilla-La Mancha, todas las alarmas se encendieron cuando su ejecutivo suspendió los pagos a las farmacias de la región. La Junta le adeuda al sector farmacéutico 113 millones. Para paliar la situación, De Cospedal, Presidenta de la región, permitió la libre entrada de capital privado en algunos de los hospitales más endeudados de Castilla-La Mancha. 

Recientemente, la Comunidad de Madrid ha anunciado una profunda reforma del sistema sanitario público con medidas tan polémicas como el euro por receta (que de hecho ha encontrado la oposición del Gobierno Central, que es del mismo signo político) o la externalización/privatización de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud.

Esta misma situación se repite en todas las CCAA, donde las privatizaciones, recortes, endeudamientos, están a la orden del día. La gravedad es de tal calado que incluso ha provocado enfrentamientos entre las administraciones regionales, como el protagonizado en los meses finales de 2011 entre La Rioja y País Vasco acerca de cuál de ambas tenía la responsabilidad de atender las necesidades sanitarias de los ciudadanos de La Rioja Alavesa.
A esto hay que sumarle las recientes y contundentes medidas tomadas por el gobierno de la Comunidad de Madrid en materia sanitaria que han puesto al personal médico en pie de guerra.

Protesta en Sevilla en defensa de la sanidad pública. Fuente: Contrafoto21

Voces críticas

Como es natural, antes estas circunstancias, el estado de la sanidad se ha convertido en un tema de actualidad y ha enfrentado, por un lado, a los sindicatos y trabajadores contra las distintas administraciones, y por otro, a distintas posiciones ideológicas.

El ticket moderador introducido por el gobierno de Artur Mas, que busca combatir el “mal uso” de los usuarios del sistema, ha provocado una cascada de réplicas y alegatos desde muy distintos ámbitos.

Gaspar Llamazares, médico de profesión y Presidente de la Comisión de Sanidad en el Congreso en la anterior legislatura, afirmaba que el copago era “inequitativo y discrimina a la gente con enfermedades crónicas, peor accesibilidad al sistema o más baja renta”. El Presidente del Colegio de Médicos deCastilla y León, Díaz Villarig, lo calificaba de “insolidario” aunque reconocía las delicada situación financiera por la que atraviesa el SNS.

El trasfondo que se oculta en este debate acerca de la sanidad va más allá de ella y llega a las raíces mismas del Estado del Bienestar, sobre la conveniencia de mantenerlo o desmantelarlo.

El comportamiento de la ciudadanía es clave para posicionar la balanza hacia uno u otro postulado. El surgimiento del movimiento 15-M o las fuertes protestas organizadas por los sindicatos (la llamada Marea Blanca) contra estas medidas apunta a la necesidad y reclamación ciudadanas de mantener las prestaciones sanitarias y el Estado Providencia en general, pero una encuesta de Metroscopia afirma que un porcentaje mayoritario de los españoles afrontan los recortes con resignación y otro porcentaje considerable los ve necesarios.

Durante las protestas en Cataluña, en la que los trabajadores irrumpieron en el Instituto Catalán de Salud (ICS) o los estudiantes del MIR cortaron la Gran Vía barcelonesa, el Sindicato Médico Catalán y la UGT denunciaban la unilateralidad de los recortes, así como el estado de crispación existente en los hospitales ante la falta de medios y el consecuente aumento de las listas de espera. Precisamente estas son algunos de los errores cometidos por las políticas de recortes que denuncia el Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez, que en su tribuna en El País decía: “una política que implique más a el personal en el propio sistema para que se sienta identificado y comprometido”. Es decir unos de los problemas del SNS es la desafección de los profesionales que trabajan en él, incentivándolos a marcharse a la sanidad privada. Algo parecido ya se apunta en el Informe Abril, fechado en 1991.

En el caso del recorte catalán, que es el que más polémica ha traído consigo, ya se habla de conflicto de intereses entre la sanidad pública y privada. Así lo exponen diversos medios como El País, que señalan que el Presidente del ICS de estar vinculado con la sanidad privada, de lo que se deduce su interés en disminuir la calidad de la pública para propiciar así un trasvase de usuarios de centros públicos a privados. Sombras similares se han cernido en el caso de Madrid sobre su Director General de Hospitales, Antonio Burgueño.

Estos indicios confirmarían las sospechas y acusaciones de sectores contrarios a los recortes y privatizaciones y desmontarían los argumentos que abogan por tales como únicos métodos para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público.

Equilibrio y Reforma del SNS español

En los últimos años, en la opinión pública de países centrales y norteños de la Unión Europea, se ha venido gestando la idea de que los Estados del Bienestar de los países sureños están sobredimensionados en comparación con nuestra riqueza. Bajo esta idea, fomentado por determinados políticos para negar las ayudas o rescates a países en apuros para no pagar “la fiesta en el Sur”, se cimienta la obligatoriedad de los planes de ajustes dictados desde Bruselas. E incluso esa concepción de la realidad ha comenzado a calar en la ciudadanía de países rescatados como Portugal o la propia España. Sin embargo, algunos datos muestran realidades distintas. Según datos de la OMS, cada ciudadano español paga por la sanidad pública 1.500 euros anuales, frente a los 2.600 de los alemanes o los 2.100 de la media europea. El porcentaje del PIB español que se destina a sanidad es del 9,7, en Alemania del 11,6 y en EEUU del 17,4. Esto podría hacer pensar que la sanidad española es de peor calidad o cuenta con menos recursos que otras, sin embargo, nuestra esperanza de vida y otros parámetros demuestran, en palabras de la misma OMS, la gran calidad del Sistema Nacional de Salud en España. Esto significa que la sanidad pública de nuestro país es bastante rentable en comparación con otras. 

A pesar de ellos, distintos expertos como Marciano Sánchez, Javier Rey del Castillo o Abril Martorrel en su famoso informe abogan por una reforma del SNS que garantice una mayor rentabilidad. Según ellos, el mayor problema financiero del sistema sanitario no es el mal uso del ciudadano sino la excesiva burocratización del SNS, que provoca demasiados gastos administrativos y la existencia de cargos intermedios de funciones prescindibles. La financiación sanitaria también ve en el abultado gasto farmacéutico uno de los principales escoyos para sostenerse. Marciano Sánchez además propugnaba en su ya mencionada tribuna el cese de las privatizaciones, afirmando que son negativas tanto en materia económica como sanitaria, y Javier Rey va más allá y en su estudio destaca la necesidad de crear una nueva Ley General de Sanidad.

El Informe Abril al que hacíamos referencia merece, tanto por su contenido como por su historia, una mención destacada. Redactado por una Comisión del Congreso de los Diputados dedicada al análisis del SNS, sus resultados desvelaron profundas grietas estructurales en el modelo sanitario español. Para ello propusieron 64 medidas concretas para hacerlo viable, que atañían a la financiación, la gestión y la organización. Una de las más importantes era una mejor coordinación de los distintos servicios de salud a través de un Consejo Interterritorial con mayores competencias.

El carácter rompedor del informe lo condenó al ostracismo, siendo atacado por todas las fuerzas políticas del momento y guardado en el cajón sin debate alguno.

Conclusión reflexiva

Hemos podido comprobar a través de las fuentes y estudios consultados que el debate acerca de la sanidad no es un asunto exento de ideología. Este hecho dificulta diagnosticar los problemas que padece el SNS, que sin lugar a dudas los sufre, aunque parece ser que los más importantes (los de organización y gestión) están siendo relegados por los más urgentes (los de financiación).

El actual Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, abogó en el debate de investidura por un pacto de Estado en Sanidad. Este quizás sería el primer paso para la necesaria reforma del sistema de salud, un proceso en el que todas las fuerzas políticas y sociales dejasen al margen sus ideologías y mirasen solo en la viabilidad y sostenibilidad del sistema bajo tres valores esenciales, postulados por Marciano Sánchez: “accesibilidad, gratuidad en el momento del uso y excelencia clínica”. Sin embargo el camino emprendido por el ejecutivo del Partido Popular dista mucho hasta el momento de seguir esa senda marcada por su líder en el inicio de la legislatura, como demuestra la imposición del RDL 16/2012. 

Ni la izquierda ni la derecha están interesados en el desmonte de uno de los pilares claves del Estado del Bienestar. La izquierda porque si es incapaz de defender su modelo de Estado constatará los rumores que la acusan de debilidad política y social. La derecha porque no desea convertirse en la bestia negra privatizadora que saque a la calle a una ciudadanía indignada ante el ataque al que considera uno de sus derechos fundamentales.

Por otro lado, los datos y estudios nos confirman que el problema de fondo de la sanidad no se solucionará con recortes, sino con una reforma de arriba a abajo. España tiene un SNS rentable, viable y sostenible, admirado por otros países de Europa o Latinoamérica. Esto es extensible al resto del Estado del Bienestar, un modelo que demostró durante muchos años su capacidad para crear una economía sana y una sociedad equilibrada. Son muchos economistas como Alberto Garzón, Paul Krugman o Juan Torres los que defienden que otra salida a la crisis es posible y necesaria, pero esta solo será realizada a través de una reforma sistemica y estructural y la voluntad política imprescindible para llevarla a cabo. La Sanidad necesita reformas basadas en consensos, no recortes procedentes de decretos.