Introducción histórica
A raíz del comienzo de la crisis
económica internacional en 2008, visible de la forma más clara con
al quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers, se desencadenan
cientos de acontecimiento a un ritmo vertiginoso que sin lugar a
dudas provocarán un cambio radical del mundo a medio plazo. Uno de
dichos cambios es la puesta en duda de la viabilidad del Estado del
Bienestar, el modelo económico y social iniciado tras la II Guerra
Mundial en los países europeos occidentales y algunos otros y que
garantiza a la ciudadanía determinados servicios básicos como la
educación, la sanidad, la prestación por desempleo o las pensiones.
Este modelo supone una fuerte ruptura
con el liberalismo imperante antes de las Grandes Guerras, que
propugnaba la no intervención económica del Estado y la libre
regulación de los asuntos económicos por parte del Mercado.
Con la crisis del petróleo en los 70,
el modelo socialdemócrata comienza a ser cuestionado por un renacido
neoliberalismo liderado por los conservadores Margaret Thatcher en
Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos. Los partidos de
centro-izquierda que construyeron y propugnaron el Estado del
Bienestar pierden fuelle y sus principios comienzan a diluirse, como
es visible en el Nuevo Laborismo de Tony Blair. Sin embargo, a pesar
de los retrocesos que sufre en los años 80 y 90 (con la
privatización de sectores clave de la economía), el Estado del
Bienestar sobrevive con más o menos fuerza, dependiendo del país,
sobre todo en lo referente a servicios sociales. La elección del
demócrata Barack Obama en EEUU, con un programa con algunas
propuestas socialdemócratas, incluso podría apuntar a una
exportación a pequeña escala del Estado del Bienestar al centro
neurálgico del liberalismo.
Pero la crisis económica despierta al
fantasma del neoliberalismo que recorre la vieja Europa. El descenso
brutal de los ingresos, especialmente en nuestro país a causa del
elevado desempleo, hace que surja un nuevo problema: el pago de la
deuda pública contraída en años de bonanza. Con los ingresos bajo
mínimos, los abultados gastos fruto del mantenimiento del Estado del
Bienestar se convierten en el punto de mira de las organizaciones
internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y
europeas como el Banco Central Europeo (BCE).
Bajo el liderazgo de Alemania y
Francia, dirigidas por los conservadores Angela Merkel y Nicolás
Sarkozy, la ideología neoliberal se extiende como la pólvora por la
Unión Europa. Gobiernos socialistas, como el griego Papandreus, el
español de Rodríguez Zapatero o el portugués de Sócrates, se ven
abocados a iniciar la senda del ajuste presupuestario más tajante.
Las exigencias de los Mercados
financieros por percibir en tiempo y forma los pagos de la deuda
pública y las dudas de estos sobre los países más débiles dispara
la prima de riesgo y lanza al precipicio a algunos de ellos, como
Grecia, Irlanda y Portugal, que deben ser recatados por la Unión
Europea y el FMI., que les imponen a los gobiernos nacionales duros
planes de ajuste de obligado y puntual cumplimiento. La presión de
los Mercados sobre determinados gobiernos llega a ser tal que en
Italia y Grecia se ven obligados a cambiar sus ejecutivos vía
express, sin consulta popular, por tecnócratas vinculados a los
poderes financieros, Monti en Italia y Papadopoulos en Grecia. España
y Portugal por su parte adelantan las elecciones ante la previsión
de una situación similar, saliendo de ambos comicios gobiernos
conservadores, Passos Coelho en Portugal y Rajoy Brey en España.
Situación actual: deudas y
recortes
La misma
Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que el Sistema
Nacional de Salud (SNS) español es uno de los mejores del mundo, sin
embargo este reconocimiento no es suficiente para mantenerlo en pie.
El SNS se enfrenta a un doble problema: el descenso de los ingresos
de las administraciones pública lo condena a un fuerte recorte de su
financiación y la deuda con proveedores (industria farmacéutica,
empresas de tecnología sanitaria, etc) asciende a 15.000 millones de
euros. Todo ello en un marco general de envejecimiento de la
población que irremediablemente provoca un aumento en las
necesidades sanitarias de la población.
Debido a la
descentralización del Estado, son las Comunidades Autónomas las que
tienen transferidas las competencias en sanidad y encontramos
distintas medidas para solucionar o paliar los problemas.
Tras la victoria
de Convergencià i Uniò (CiU) en las elecciones, Cataluña inició
un duro plan de ajuste de todos los sectores públicos, incluida la
sanidad, recortando en un 10% el presupuesto sanitario para 2011 con
el objetivo de ahorrar 1.000 millones antes de que finalizase el año.
Las medidas fueron iniciadas en el verano: reducción del 25% de
camas, lo que implicaba un descenso de 1.000 camas sobre las más de
4.000 existentes, el cierre parcial de quirófanos y hospitales y una
nueva rebaja del 5% a los sueldos de los trabajadores (el gobierno
central ya redujo en otro 5% los sueldos de todos los trabajadores
públicos). Ruiz Boi, Consejero de Sanidad de la Generalitat,
justificaba estas medidas con el objetivo de “garantizar la
viabilidad del sistema.”
Andalucía, gobernada por el Partido
Socialista (PSOE), por su parte convocó subastas de medicamentos con el fin de ahorrar, según la Consejera
del ramo, entre 40 y 200 millones al año en gasto farmacéutico.
Estas subastas consisten en priorizar el uso de genéricos al ser la
baza principal el principio activo del medicamento, algo que
perjudica a las marcas.Sin embargo esta decisión paso por un cierto litigio legal al ser denunciada por el Gobierno Central, hasta que finalmente el Tribunal Constitucional permitió su puesta en marcha.
En Castilla-La Mancha, todas las
alarmas se encendieron cuando su ejecutivo suspendió los pagos a las farmacias de la región. La Junta le adeuda al sector farmacéutico
113 millones. Para paliar la situación, De Cospedal, Presidenta de
la región, permitió la libre entrada de capital privado en algunos
de los hospitales más endeudados de Castilla-La Mancha.
Recientemente, la
Comunidad de Madrid ha anunciado una profunda reforma del sistema
sanitario público con medidas tan polémicas como el euro por receta
(que de hecho ha encontrado la oposición del Gobierno Central, que es del mismo signo político) o la externalización/privatización
de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud.
Esta misma situación se repite en
todas las CCAA, donde las privatizaciones, recortes, endeudamientos,
están a la orden del día. La gravedad es de tal calado que incluso
ha provocado enfrentamientos entre las administraciones regionales,
como el protagonizado en los meses finales de 2011 entre La Rioja y País Vasco
acerca de cuál de ambas tenía la responsabilidad de atender las
necesidades sanitarias de los ciudadanos de La
Rioja Alavesa.
A esto hay que sumarle las recientes y contundentes medidas tomadas por el gobierno de la Comunidad de Madrid en materia sanitaria que han puesto al personal médico en pie de guerra.
A esto hay que sumarle las recientes y contundentes medidas tomadas por el gobierno de la Comunidad de Madrid en materia sanitaria que han puesto al personal médico en pie de guerra.
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| Protesta en Sevilla en defensa de la sanidad pública. Fuente: Contrafoto21 |
Voces críticas
Como es natural, antes
estas circunstancias, el estado de la sanidad se ha convertido en un
tema de actualidad y ha enfrentado, por un lado, a los sindicatos y
trabajadores contra las distintas administraciones, y por otro, a
distintas posiciones ideológicas.
El ticket moderador introducido por el
gobierno de Artur Mas, que busca combatir el “mal uso” de los
usuarios del sistema, ha provocado una cascada de réplicas y
alegatos desde muy distintos ámbitos.
Gaspar Llamazares, médico de profesión
y Presidente de la Comisión de Sanidad en el Congreso en la anterior
legislatura, afirmaba que el copago era “inequitativo y discrimina
a la gente con enfermedades crónicas, peor accesibilidad al sistema
o más baja renta”. El Presidente del Colegio de Médicos deCastilla y León, Díaz Villarig, lo calificaba de “insolidario”
aunque reconocía las delicada situación financiera por la que
atraviesa el SNS.
El trasfondo que se oculta en este
debate acerca de la sanidad va más allá de ella y llega a las
raíces mismas del Estado del Bienestar, sobre la conveniencia de
mantenerlo o desmantelarlo.
El comportamiento de la ciudadanía es
clave para posicionar la balanza hacia uno u otro postulado. El
surgimiento del movimiento 15-M o las fuertes protestas organizadas
por los sindicatos (la llamada Marea Blanca) contra estas medidas
apunta a la necesidad y reclamación ciudadanas de mantener las
prestaciones sanitarias y el Estado Providencia en general, pero una
encuesta de Metroscopia afirma que un porcentaje mayoritario de los
españoles afrontan los recortes con resignación y otro porcentaje
considerable los ve necesarios.
Durante las protestas en Cataluña, en
la que los trabajadores irrumpieron en el Instituto Catalán de Salud
(ICS) o los estudiantes del MIR cortaron la Gran Vía barcelonesa, el
Sindicato Médico Catalán y la UGT denunciaban la unilateralidad de
los recortes, así como el estado de crispación existente en los
hospitales ante la falta de medios y el consecuente aumento de las
listas de espera. Precisamente estas son algunos de los errores
cometidos por las políticas de recortes que denuncia el Portavoz de
la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública,
Marciano Sánchez, que en su tribuna en El País decía: “una
política que implique más a el personal en el propio sistema para
que se sienta identificado y comprometido”. Es decir unos de los
problemas del SNS es la desafección de los profesionales que
trabajan en él, incentivándolos a marcharse a la sanidad privada.
Algo parecido ya se apunta en el Informe Abril, fechado en 1991.
En el caso del recorte catalán, que es
el que más polémica ha traído consigo, ya se habla de conflicto de
intereses entre la sanidad pública y privada. Así lo exponen
diversos medios como El País, que señalan que el Presidente del ICS de estar vinculado con la sanidad privada, de lo que se deduce su
interés en disminuir la calidad de la pública para propiciar así
un trasvase de usuarios de centros públicos a privados. Sombras similares se han
cernido en el caso de Madrid sobre su Director General de Hospitales,
Antonio Burgueño.
Estos indicios confirmarían las
sospechas y acusaciones de sectores contrarios a los recortes y
privatizaciones y desmontarían los argumentos que abogan por tales
como únicos métodos para garantizar la sostenibilidad del sistema
sanitario público.
Equilibrio y Reforma del SNS español
En los últimos años, en la opinión
pública de países centrales y norteños de la Unión Europea, se ha
venido gestando la idea de que los Estados del Bienestar de los
países sureños están sobredimensionados en comparación con
nuestra riqueza. Bajo esta idea, fomentado por determinados políticos
para negar las ayudas o rescates a países en apuros para no pagar
“la fiesta en el Sur”, se cimienta la obligatoriedad de los
planes de ajustes dictados desde Bruselas. E incluso esa concepción
de la realidad ha comenzado a calar en la ciudadanía de países
rescatados como Portugal o la propia España. Sin embargo, algunos
datos muestran realidades distintas. Según datos de la OMS, cada
ciudadano español paga por la sanidad pública 1.500 euros anuales,
frente a los 2.600 de los alemanes o los 2.100 de la media europea.
El porcentaje del PIB español que se destina a sanidad es del 9,7,
en Alemania del 11,6 y en EEUU del 17,4. Esto podría hacer pensar
que la sanidad española es de peor calidad o cuenta con menos
recursos que otras, sin embargo, nuestra esperanza de vida y otros
parámetros demuestran, en palabras de la misma OMS, la gran calidad
del Sistema Nacional de Salud en España. Esto significa que la
sanidad pública de nuestro país es bastante rentable en comparación
con otras.
A pesar de ellos, distintos expertos
como Marciano Sánchez, Javier Rey del Castillo o Abril Martorrel en
su famoso informe abogan por una reforma del SNS que garantice una
mayor rentabilidad. Según ellos, el mayor problema financiero del
sistema sanitario no es el mal uso del ciudadano sino la excesiva
burocratización del SNS, que provoca demasiados gastos
administrativos y la existencia de cargos intermedios de funciones
prescindibles. La financiación sanitaria también ve en el abultado
gasto farmacéutico uno de los principales escoyos para sostenerse.
Marciano Sánchez además propugnaba en su ya mencionada tribuna el
cese de las privatizaciones, afirmando que son negativas tanto en
materia económica como sanitaria, y Javier Rey va más allá y en su
estudio destaca la necesidad de crear una nueva Ley General de
Sanidad.
El Informe Abril al que hacíamos
referencia merece, tanto por su contenido como por su historia, una
mención destacada. Redactado por una Comisión del Congreso de los
Diputados dedicada al análisis del SNS, sus resultados desvelaron
profundas grietas estructurales en el modelo sanitario español. Para
ello propusieron 64 medidas concretas para hacerlo viable, que
atañían a la financiación, la gestión y la organización. Una de
las más importantes era una mejor coordinación de los distintos
servicios de salud a través de un Consejo Interterritorial con
mayores competencias.
El carácter rompedor del informe lo condenó al ostracismo, siendo atacado por todas las fuerzas políticas
del momento y guardado en el cajón sin debate alguno.
Conclusión reflexiva
Hemos podido
comprobar a través de las fuentes y estudios consultados que el
debate acerca de la sanidad no es un asunto exento de ideología.
Este hecho dificulta diagnosticar los problemas que padece el SNS,
que sin lugar a dudas los sufre, aunque parece ser que los más
importantes (los de organización y gestión) están siendo relegados
por los más urgentes (los de financiación).
El actual
Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, abogó en el debate de
investidura por un pacto de Estado en Sanidad. Este quizás sería el
primer paso para la necesaria reforma del sistema de salud, un
proceso en el que todas las fuerzas políticas y sociales dejasen al
margen sus ideologías y mirasen solo en la viabilidad y
sostenibilidad del sistema bajo tres valores esenciales, postulados
por Marciano Sánchez: “accesibilidad, gratuidad en el momento del
uso y excelencia clínica”. Sin embargo el camino emprendido por el
ejecutivo del Partido Popular dista mucho hasta el momento de seguir
esa senda marcada por su líder en el inicio de la legislatura, como demuestra la imposición del RDL 16/2012.
Ni la izquierda ni
la derecha están interesados en el desmonte de uno de los pilares
claves del Estado del Bienestar. La izquierda porque si es incapaz de
defender su modelo de Estado constatará los rumores que la acusan de
debilidad política y social. La derecha porque no desea convertirse
en la bestia negra privatizadora que saque a la calle a una
ciudadanía indignada ante el ataque al que considera uno de sus
derechos fundamentales.
Por otro lado, los
datos y estudios nos confirman que el problema de fondo de la sanidad
no se solucionará con recortes, sino con una reforma de arriba a
abajo. España tiene un SNS rentable, viable y sostenible, admirado
por otros países de Europa o Latinoamérica. Esto es extensible al
resto del Estado del Bienestar, un modelo que demostró durante
muchos años su capacidad para crear una economía sana y una
sociedad equilibrada. Son muchos economistas como Alberto Garzón,
Paul Krugman o Juan Torres los que defienden que otra salida a la
crisis es posible y necesaria, pero esta solo será realizada a
través de una reforma sistemica y estructural y la voluntad política
imprescindible para llevarla a cabo. La Sanidad necesita reformas
basadas en consensos, no recortes procedentes de decretos.
